¿Qué impacto tiene el caso Diana en los alumnos de habla hispana?
El caso Diana v. State Board of Education (Diana) se originó cuando un grupo de alumnos hispanohablantes fueron asignados erróneamente a lo que solía denominarse clases de “Retrasado Mental Educable (EMR)”, sobre la base de una evaluación realizada por un evaluador monolingüe no calificado de habla inglesa1. El psicólogo evaluó a hispanohablantes en inglés y utilizó estos datos para colocar a los alumnos en clases de educación especial. Según el acuerdo de conciliación estipulado, el Departamento de Educación de California (CDE) está obligado a:
- Supervisar las escuelas para detectar desequilibrios raciales,
- Corregir desigualdades,
- Recopilar datos anualmente, y
- Utilizar representantes de la comunidad latina cuando se realicen auditorías en los distritos escolares.
En 1967, cuando se litigaba el caso, los estudiantes latinos estaban sobrerrepresentados en las clases para niños con discapacidades intelectuales y constituían el 26% de la población total de niños con discapacidades intelectuales en todo el estado, pero solo el 14% de la población en edad escolar en todo el estado en 1967.
Hasta el día de hoy, el CDE está obligado a cumplir con la orden judicial de 1971 y supervisar educación especial con el objetivo de asegurar alumnos hispanohablantes no estén sobrerrepresentados en la educación especial. Debido a Diana, la ley estatal tiene disposiciones para evaluar en la lengua materna del niño, de manera que ningún niño sea asignado a educación especial solo por no hablar en inglés2.