El fallo del caso Larry P. no ha afectado los criterios de elegibilidad de educación especial del estado. El área de elegibilidad más afectada por la decisión del caso Larry P es la de discapacidad específica de aprendizaje.

Antes de 2004, los distritos escolares utilizaban el “modelo de discrepancia” para determinar si un alumno presentaba una discapacidad de aprendizaje. Según este modelo, un alumno debía tener una discrepancia grave entre la capacidad intelectual y los logros en las áreas académicas. La capacidad se evaluaba tradicionalmente con pruebas de coeficiente cociente intelectual. Sin embargo, el caso de Larry P. impidió su uso y los distritos debieron utilizar métodos alternativos. Según la ley actual, los estados no les pueden exigir a los distritos que utilicen el modelo de discrepancia y deben permitirles el uso de una “respuesta a la intervención científica y basada en investigaciones” (response to scientific, research-based intervention, RTI). Los distritos que quieran continuar con el modelo de discrepancia pueden hacerlo, pero deben utilizar pruebas alternativas para evaluar la capacidad intelectual. Consulte el capítulo 3, Información sobre la elegibilidad.