Para garantizar que los estudiantes con discapacidades reciban la educación a la que tienen derecho, los distritos escolares deben brindar asistencias y servicios complementarios que permiten estos alumnos integrados en entornos de educación general. Esta obligación está arraigada en varios tribunales clave en decisiones que enfatizan una inclusión significativa y un apoyo adecuado para los estudiantes con discapacidad.
Oberti v. Board of Education
En el caso Oberti v. Bd. of Educ., El tribunal subrayó la importancia de que los distritos tomen medidas significativas para incluir a los estudiantes con discapacidades en las aulas de educación general. La decisión subrayó que las escuelas deben proporcionar activamente ayudas y servicios complementarios. facilitar la inclusión de estos estudiantes en entornos de educación general.1
Daniel R.R. v. El Paso Independent School District
De manera similar, el tribunal en Daniel R.R. contra El Paso Independent School District destacó que la ley] no permite que las escuelas hagan meros gestos simbólicos en sus esfuerzos por acomodar a los estudiantes con discapacidad. En cambio, el requisito de modificar y complementar los entornos de educación general debe ser amplio. y sustancial.2
Roncker v. Walter
El caso Roncker v. Walter profundizó aún más en el principio del Entorno Menos Restrictivo (LRE), estableciendo que cuando se considera que un entorno segregado se considera [académicamente] superior, el tribunal debe determinar si los servicios que hacen beneficiosos el entorno segregado podrían prestarse en un entorno menos restrictivo y no segregado. Si es así, la asignación escolar segregada sería inapropiada según la ley. Además, aunque el coste es uno de los factores en la decisión de Rachel H. a la hora de decidir la colocación, no puede utilizarse como defensa si el distrito escolar no proporciona un continuo adecuado de opciones de colocación.3
Sacramento City Unified School District v. Rachel Holland (Rachel H.)
En Rachel H., el tribunal consideró que el coste es una consideración, pero sostuvo que integrar con ayudas como un auxiliar de instrucción a tiempo parcial y modificaciones curriculares no sería significativamente más caro que una plaza en educación especial.
Reafirmó que la falta de financiación no puede justificar negar los servicios necesarios, a menos que el coste afecte gravemente la educación de otros estudiantes del distrito.4
Por tanto, aunque el coste puede considerarse en las decisiones de ubicación, los distritos están obligados a proporcionar apoyos adecuados en entornos menos restrictivos siempre que sea posible. Todos estos casos establecen que la presunción a favor de la inclusión debe prevalecer, salvo que razones sustanciales justifiquen un entorno más restrictivo.