Todos los alumnos con discapacidades tienen derecho a recibir educación en el LRE, en función de sus necesidades educativas individuales y no en función del nombre que describe su discapacidad. Que a un niño se le diagnostique una “discapacidad intelectual” o un “trastorno emocional” no implica que el contacto con alumnos sin discapacidades sea inapropiado.
Según el caso Holland, un distrito debe tomar todas las medidas razonables (incluida la provisión de asistencias y servicios complementarios) para reducir la carga que recae sobre el maestro de educación general y los demás niños de la clase antes de retirar a un alumno con una discapacidad del aula de educación general. Las leyes federales ahora exigen que los IEP incluyan una declaración de las modificaciones del programa o de los apoyos que el personal escolar necesitará para que el alumno pueda participar y progresar en el programa de estudios general y participar en las actividades extracurriculares y no académicas, y para que pueda recibir educación junto con alumnos sin discapacidades.1 En el caso Holland, el tribunal afirmó que es poco probable que un niño que necesita apenas más atención que la mayoría dificulte la educación de los demás.2
La ley reconoce que el carácter o la gravedad de la discapacidad del alumno pueden justificar que se lo separe de la clase general, en especial cuando perjudica a otros alumnos. Sin embargo, probablemente no justifique la separación total del entorno de educación general. El distrito debería brindarle oportunidades de interactuar con pares sin discapacidades en entornos extracurriculares y no académicos, cuando corresponda.3