La ley federal exige que los distritos escolares locales se aseguren de que los niños con discapacidad reciban la mayor educación posible junto con niños que no lo están. Esto se aplica a todos los niños, incluidos aquellos en instituciones públicas o privadas u otros centros de cuidado. Los estudiantes solo deberían ser asignados a clases especiales, escuelas separadas o retirados del aula de educación general cuando su discapacidad sea significante que no puede ser educado con éxito en una clase de educación general, incluso con ayuda y servicios adicionales.¹

Además, el Congreso reconoció que el método del estado para financiar los servicios de educación especial, a veces, puede alentar a los distritos a ubicar a los alumnos en entornos especializados por la posibilidad de recibir más dinero. Debido a este peligro, el Congreso les exige a los estados que desarrollen políticas y procedimientos para garantizar que sus sistemas de financiamiento, en caso de basarse en el tipo de entorno, no violen los requisitos de la educación en el entorno menos restrictivo.²

El Congreso reconoció específicamente la importancia de la enseñanza de los alumnos de educación especial en clases y entornos generales.³ Además, exige que los IEP incluyan una declaración que describa el modo en que la discapacidad del niño afecta su participación y su progreso en el programa de estudios general, así como una declaración de los objetivos anuales, lo cual incluye puntos de referencia u objetivos a corto plazo que se relacionan con la oportunidad del alumno de participar y progresar en el programa general.⁴ La declaración de los servicios en el IEP también debe incluir lo siguiente:

1. las asistencias y los servicios complementarios que se brindarán al alumno;
2. las modificaciones del programa y los apoyos para el personal escolar que se brindarán a fin de que el alumno pueda participar y progresar en el programa de estudios general y participar en las actividades extracurriculares y no académicas.⁵

Las leyes estatales estipulan lo siguiente:

A los estudiantes con discapacidades se les ofrecerán “programas de asistencia especial que promuevan la máxima interacción con la población escolar general de una manera adecuada a las necesidades de ambos.”⁶

Debería haber clases especiales para estudiantes con necesidades similares y más intensivas. Estas clases solo se utilizan cuando la discapacidad del estudiante es tan significativa que no puede tener éxito en las clases de educación general, incluso con ayudas y servicios complementarios, apoyo conductual y/o modificaciones. Esta norma también se aplica a cualquier educación separada o a su retirada del aula de educación general.

Al proporcionar u organizar la provisión de actividades, cada organismo público deberá garantizar que cada [estudiante] participe en aquellas actividades con estudiantes sin discapacidad en la medida máxima adecuada a las necesidades del [estudiante con discapacidad], incluyendo servicios y actividades no académicas y extracurriculares.⁷

Para los estudiantes que aún no reciben educación especial, pero para quienes se está considerando la elegibilidad de educación especial, la ley estatal establece que un estudiante debe ser derivado para instrucción y servicios educativos especiales solo después de que se hayan considerado y, cuando corresponda, se hayan utilizado los recursos del programa de educación general.⁸

Los reglamentos federales estipulan lo siguiente:

A menos que el IEP [programa educativo individualizado] de un niño con discapacidad requiera algún otro acuerdo, el niño recibe educación en la escuela a la que asistiría si no tuviera discapacidad; [y] [e]n seleccionar el entorno menos restrictivo (LRE), se considera cualquier posible efecto perjudicial sobre el niño o sobre la calidad de los servicios que [necesita].⁹

Numerosos tribunales federales han emitido sentencias sobre la cuestión de la educación especial en el Entorno Menos Restrictivo. En su mayor parte, estas decisiones han fomentado la integración de la educación y han establecido una tendencia sólida en esta dirección.

Los tribunales federales han apoyado de forma constante el principio de educar a los estudiantes con discapacidad en el Entorno Menos Restrictivo (LRE), promoviendo la educación integrada y estableciendo una fuerte tendencia hacia entornos inclusivos.

Jurisprudencia temprana:

P.A.R.C. v. Pensilvania (1972) estableció la presunción de que la colocación en una clase de escuela pública de educación general es generalmente preferible a la colocación en una clase pública especial.¹⁰

Mills contra Board of Education of District of Columbia (1972) reforzó esta visión, presumiendo que es preferible que la colocación en una clase pública de educación general con servicios auxiliares apropiados a una clase de escuela especial.¹¹

Decisiones del Tribunal Supremo:

Board of Education v. Rowley (1982) enfatizó que IDEA les exige a los estados que eduquen estudiantes con discapacidades junto a sus compañeros sin discapacidades siempre que sea posible”.¹²

Endrew F. v. Douglas County School District (2017) aclaró que un IEP debe calcularse razonablemente para permitir que un niño avance adecuadamente en función de sus circunstancias, estableciendo un estándar más alto sobre lo que constituye una educación pública gratuita y adecuada (FAPE).¹³

Tribunales Federales de apelación:

Dept. of Educ., State of Hawaii v. Katherine D. (1983) confirmó la preferencia del Congreso por educar a niños con discapacidad en aulas junto a sus compañeros.¹⁴

Tokarcik v. Forest Hills School District (1981) determinó que negar el acceso al aula general en una escuela pública sin un justificativo educativo convincente constituye un acto de discriminación.¹⁵

Oberti v. Board of Education of the Borough of Clementon School District (1992) subrayó que la ley federal “exigen que los sistemas escolares  ajustar sus recursos para impedir segregación innecesaria de estudiantes con discapacidades”.¹⁶

Carga de la prueba previa para reclamos de LRE:

Antes de que el fallo del Tribunal Supremo impusiera la carga de la prueba en los casos de debido proceso a la parte que presentaba la demanda, los tribunales imponían consistentemente la carga a los distritos escolares para justificar decisiones que excluían a los estudiantes de las aulas de educación general.

Por ejemplo:

Mavis v. Sobol (1994) dictaminó que el distrito no justificó su decisión de excluir [al estudiante] de un aula de educación general.¹⁷

Oberti v. Board of Education (1993) sostuvo que socavaría la presunción de la Ley a favor de la integración si los padres tuvieran que demostrar la dignidad de su hijo para la inclusión, en lugar de que el distrito escolar tuviera que justificar la exclusión.¹⁸

Sacramento City Unified School District v. Rachel Holland (Rachel H.) (1992) Se reforzó que la carga de demostrar que un niño no puede ser educado con éxito en un aula de educación general recae en el distrito escolar.¹⁹

1. 20 U.S.C. Sec. 1412(a)(5)(A); 34 Code of Federal Regulations (C.F.R.) Sec. 300.114(a) (2); Cal. Ed. Code Sec. 56342(b)[↩]
2. 20 U.S.C. Sec.1412(a)(5)(B)[↩]
3. 20 U.S.C. Secs. 1400(c)(5)(A) & (D)[↩]
4. 20 U.S.C. Sec. 1414(d)(1)(A)(i); 34 C.F.R. Secs. 300.320(a)(1) & (2)[↩]
5. 20 U.S.C. Sec. 1414(d)(1)(A)(i)(IV); 34 C.F.R. Sec. 300.320(a)(4)[↩]
6. Código de Ed. Cal. Sec. 56001(g).[↩]
7. Código de la Ed. de California. Sec. 56364.2.[↩]
8. Código de la Ed. Cal. Sec. 56303.[↩]
9. 34 C.F.R. Secs. 300.116(c) y (d).[↩]
10. 334 F. Supp. 1257 (E.D. PA 1972)[↩]
11. 348 F. Supp. 866 (D. DC 1972)[↩]
12. 458 U.S. 176(1982)[↩]
13. 137 S. Ct. 988 (2017)[↩]
14. 727 F.2d 809 (9th Cir. 1983)[↩]
15. 655 F.2d 443 (3rd Cir. 1981)[↩]
16. 789 F. Supp. 1322 (D.N.J. 1992)[↩]
17. 839 F.Supp. 968 (N.D.N.Y. 1994)[↩]
18. 995 F.2d 1204 (3rd Cir. 1993)[↩]
19. 786 F. Supp. 874 (E.D. Cal. 1992)[↩]