Cuando los padres de un alumno con discapacidades y el distrito escolar no están de acuerdo sobre su elegibilidad, colocación, necesidades del programa o servicios relacionados, cualquiera de las partes puede solicitar una audiencia de debido proceso. En la audiencia, ambas partes pueden ofrecer pruebas llamando a testigos y presentando informes y evaluaciones que respalden sus posiciones. Un juez de derecho administrativo (Administrative Law Judge, ALJ) decide qué testigos y documentos son correctos y qué programa es el apropiado. En general, una audiencia de debido proceso no es apropiada para tratar cuestiones dirimidas en un proceso de reclamo de cumplimiento.