Cuando padres/guardianes/ otros titulares de derechos educativos de un alumno con discapacidades y el distrito escolar no están de acuerdo sobre su elegibilidad, colocación, necesidades del programa o servicios relacionados, cualquiera de las partes puede solicitar una audiencia de debido proceso. En la audiencia, ambas partes pueden ofrecer pruebas llamando a testigos y presentando informes y evaluaciones que respalden sus posiciones. Un juez de derecho administrativo (Administrative Law Judge, ALJ) evalúa la evidencia y decide qué servicios son apropiados bajo la ley. En general, una audiencia de debido proceso no es apropiada para cuestiones procesales, que normalmente se abordan mediante el proceso de reclamos de cumplimiento.