La Corte Suprema de los Estados Unidos ha decidido que quien solicite al Juez de Derecho Administrativo (ALJ) que ordene algo en contra de la otra parte tiene la carga de demostrar que su solicitud es apropiada y que la propuesta de la otra parte no lo es. Esto aplica tanto a los padres/tutores/titulares de derechos educativos como a los distritos, independientemente de la parte que solicite la audiencia. Si un padre/tutor/titular de derechos educativos desea un servicio o una colocación en el PEI que el distrito no está dispuesto a proporcionar y solicita una audiencia de debido proceso, debe persuadir al ALJ de que el servicio o la colocación es necesario para que el programa del estudiante sea apropiado. El padre/tutor/titular de derechos educativos deberá presentar pruebas suficientes para persuadir al ALJ de que su propuesta es apropiada y que la propuesta del distrito no lo es.¹

1. Schaffer contra Weast, 546 U.S. 49, 62 (2005)[↩]