Ningún alumno que se evalúa para determinar si es elegible para recibir educación especial y servicios debe ser discriminado ni asignado a clases de educación especial por no hablar en inglés. Como en el caso Larry P., las pruebas administradas deben ser imparciales y válidas en términos culturales. Por lo tanto, los fallos de los casos Diana and Larry P., junto con las garantías de las evaluaciones federales y estatales, refuerzan la obligación de los distritos escolares de satisfacer las necesidades lingüísticas y culturales de los alumnos pertenecientes a minorías étnicas y lingüísticas en el proceso de evaluación, así como también en la prestación de servicios de educación especial.

Actualmente, existen muy pocas evaluaciones de educación especial especialmente diseñadas para los alumnos de otras minorías étnicas y lingüísticas. Por lo general, la evaluación de educación especial se lleva a cabo con las pruebas habituales que se administran a la mayoría de los alumnos. Por lo tanto, en el caso de los alumnos con una competencia limitada en inglés (English-limited, EL), es fundamental que el evaluador domine su lengua materna.