Cuando los padres/tutores/otros titulares de derechos educativos de un alumno con discapacidades y el distrito escolar no están de acuerdo sobre su elegibilidad, colocación, necesidades del programa o servicios relacionados, cualquiera de las partes puede solicitar una audiencia de debido proceso. En la audiencia administrativa, ambas partes pueden ofrecer pruebas llamando a testigos y presentando informes y evaluaciones que respalden sus posiciones. Un juez de derecho administrativo (Administrative Law Judge, ALJ) decide qué testigos y documentos son correctos y qué programa es el apropiado. En general, una audiencia de debido proceso no es apropiada para tratar cuestiones dirimidas en un proceso de reclamo de cumplimiento.  Si bien los padres, tutores y otros titulares de derechos educativos pueden representarse a sí mismos en las audiencias de debido proceso, se recomienda fuertemente que contraten a un abogado para que presente la solicitud de audiencia de debido proceso en su nombre.